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Eleonora Bianchi, diputada por la Vertiente Artiguista, indicó que:

<blockquote><strong>”Nosotros creemos que el camino que nos convoca a todos los frenteamplistas son los organismos conjuntos, por eso proponemos que sea el Congreso del FA el que defina sobre la derogación de la Ley de Caducidad”</strong></blockquote>

Ese sector plantea que el tema pase para el próximo período de gobierno porque en este “se ha cumplido” con investigar dentro del marco de esa ley.

La entrevista:

<a target=_blank href=”http://www.espectador.com/nota.php?idNota=108352″>El Espectador</a>

El ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, comparecerá esta tarde ante el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco de la causa que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos en 1978.

Daners será interrogado sobre un informe que elaboró en setiembre de 2005 en el que reconció que “existió y coordinación e intercambio de información” entre los Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) y la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA), según solicita la denuncia presentada.
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Los miembros del Tribunal de Apelaciones, integrado por Bernandette Minvielle, Eduardo Borges y José Bonavota ratificaron lo actuado por la jueza Graciela Gatti en diciembre de 2006, cuando al ex presidente de facto Juan María Bordaberry se lo procesara por “diez delitos de homicidio muy especialmente agravados en reiteración real“.

Actualmente, Bordaberrry se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

Según el dictamen judicial del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno, se mantiene la prescripción del delito de “Atentado a la Constitución”, lo cual fue apelado por la fiscal, expresando que “si bien dicho ilícito no se encuentra expresamente comprendido en el Estatuto de Roma, ello no impide que deba considerarse formando parte de los crímenes por el mismo previsto, correspondiéndole también la categorización de delito de lesa humanidad”.

La sentencia establece, además, que la acción, discurso justificativo, palabras y hasta omisiones de Bordaberry:

“…evidencian conocimiento de los sucesos, no ya en cuanto a excesos o abusos, sino en cuanto a la inauguración de una política de persecución sistemática hacia quienes comulgaran ideológicamente con determinadas corrientes de pensamiento político…”

La Mesa Política Nacional del Frente Amplio declaró ayer que el ex presidente Julio María Sanguinetti “no reúne los requisitos éticos” para ejercer la Presidencia del Consejo de la Universidad de la Paz, por lo que instó a dicho organismo a “revocar dicha propuesta”.

En una iniciativa aprobada por unanimidad, la Mesa Política Nacional aclaró que Sanguinetti “puso especial énfasis” durante su campaña presidencial de 1985 en “constituir y constituirse en garante del no juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, que durante décadas cometieron los gestores militares y civiles de la dictadura” cívico militar que sufrió nuestro país.

Además, durante su mandato se consagró la Ley de Caducidad, ratificada posteriormente por referéndum, en donde “se impuso la propaganda y la censura del Estado”, encabezada por el mismo mandatario. De esta forma “ni siquiera fue considerada la aplicación del artículo 4″ de la normativa que “mandata explícitamente a la investigación y búsqueda de la verdad sobre niños nacidos en cautiverio y cientos de desaparecidos”, afirma la resolución.

También se argumenta en la declaración que organismos internacionales “reclaman con razón, coherencia” con los tratados suscritos por nuestro país “en la aplicación de Justicia para los delitos de lesa humanidad”.

El juez Penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, continuaron ayer con la instrucción del expediente que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos de presos políticos registrados en 1978 entre Buenos Aires y Montevideo.

El magistrado y la representante del Ministerio Público tomaron declaración ayer al economista Juan Manuel Rodríguez, actual jefe de Política Económica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y ex integrante de los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Rodríguez brindó los detalles de la investigación que realizaron ex miembros de los GAU para conocer el destino de sus compañeros desaparecidos, en el marco de la cual ubicaron documentación que demostraría la acción represiva de la Cancillería.

Al retirarse del juzgado, Juan Manuel Rodríguez dijo que “es claro” que el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, “le ocultó información” al presidente Tabaré Vázquez, en su informe entregado al Poder Ejecutivo a fines de 2005.

“El (Daners) fue sumariante en el Fusna, es decir que estaba en el Fusna en el mismo momento en que se estaba deteniendo, por lo tanto estaba a pocos metros de donde se estaba torturando. El también tomaba declaraciones”, dijo Rodríguez a Telenoche 4.
Si bien el actual jerarca del gobierno dijo no poder afirmar si el ex comandante en jefe de la Armada participó en las sesiones de tortura, aseguró: “Lo que tengo claro es que él sabía que se torturaba”. Daners deberá comparecer ante el juez Charles el próximo lunes.

Afiche oficial

Afiche

El abogado Héctor Di Giácomo, patrocinante de la viuda del militante tupamaro Roberto Luzardo, y la abogada Pilar Elhordoy, del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) que representa a la madre y hermanos del miembro del MLN-T fallecido en 1972, pidieron reiterar una serie de audiencias con militares presuntamente involucrados en este caso.

El miércoles, asistieron al juzgado cinco militares, entre ellos Artigas y Jerómino Alvarez, sobrinos del “Goyo”, quienes podrían tener información sobre lo ocurrido con Luzardo. Sin embargo, ni el juez de la causa, Juan Carlos Fernández Lecchini, ni la fiscal Adriana Costa, estuvieron presentes ya que se encontraban en un curso sobre DDHH.

Sin embargo, el magistrado que subrogó a Fernández Lecchini, Néstor Valletti, no permitió a los denunciantes realizar preguntas en los interrogatorios, medida que si bien no está por fuera de lo que prevé el Código del Proceso Penal, difiere del criterio utilizado a lo largo de toda la investigación por el juez del caso, quien sí permite a los demandantes participar de los interrogatorios.

El militante del MLN-T Roberto Luzardo fue detenido en agosto de 1972 en un violento operativo que las Fuerzas Conjuntas realizaron en el “Bar Asturias”, donde se encontraba reunido con otros dirigentes tupamaros, a quienes se vinculaba con el operativo en el que había sido asesinado el coronel Artigas Alvarez, hermano de Gregorio Alvarez.

Al momento de su detención, Luzardo recibió importantes heridas de bala, a causa de las cuales fue trasladado al Hospital Militar, donde el 12 de junio de 1973 murió a causa de la omisión de asistencia médica. *

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