El ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, comparecerá esta tarde ante el juez penal de 19º Turno, doctor Luis Charles, y la fiscal penal de 2º Turno, doctora Mirtha Guianze, en el marco de la causa que investiga una serie de cinco o seis traslados clandestinos en 1978.
Daners será interrogado sobre un informe que elaboró en setiembre de 2005 en el que reconció que “existió y coordinación e intercambio de información” entre los Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) y la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA), según solicita la denuncia presentada.
Al informe, que fue elevado al presidente de la República, Tabaré Vázquez, se agregó un apartado titulado “Operativo Contrasubversivo GAU”, del 28 de junio de 1977, donde se resumen, entre otras cosas, declaraciones de José Michelena, que había sido secuestrado en Buenos Aires 15 días antes.
Sin embargo, el informe elevado al primer mandatario aclara que “se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época”.
A criterio de los denunciantes, el informe elaborado por la Armada y que lleva la firma de Daners, es de suma importancia porque demostraría cabalmente que la fuerza de mar participó activamente en la represión a presos políticos uruguayos secuestrados en Argentina entre 1977 y 1978.
En el marco de este expediente, en los últimos días ha declarado una importante cantidad de testigos que ratificaron la existencia de esta serie de cinco o seis traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo, que se presume que habrían involucrado a unas 40 personas. Incluso, compareció el actual director de la OPP, Enrique Rubio, quien, siendo senador, entregó documentación al entonces canciller Didier Opertti, quien siguiendo la conducta de los dos gobiernos presididos por Julio María Sanguinetti, no realizó ninguna investigación. El actual secretario general de Aladi responderá por exhorto a las preguntas del juez Charles y la fiscal Guianze.
Estos traslados involucraron principalmente a militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), que según se presume, tras ser ejecutados, muchos de los cuerpos habrían sido enterrados en La Tablada.
