<blockquote><strong>”Nosotros creemos que el camino que nos convoca a todos los frenteamplistas son los organismos conjuntos, por eso proponemos que sea el Congreso del FA el que defina sobre la derogación de la Ley de Caducidad”</strong></blockquote>

Ese sector plantea que el tema pase para el próximo período de gobierno porque en este “se ha cumplido” con investigar dentro del marco de esa ley.

La entrevista:

<a target=_blank href=”http://www.espectador.com/nota.php?idNota=108352″>El Espectador</a>

Daners será interrogado sobre un informe que elaboró en setiembre de 2005 en el que reconció que “existió y coordinación e intercambio de información” entre los Fusileros Navales de Uruguay (Fusna) y la Escuela de Mecánica de la Armada de Argentina (ESMA), según solicita la denuncia presentada.
Al informe, que fue elevado al presidente de la República, Tabaré Vázquez, se agregó un apartado titulado “Operativo Contrasubversivo GAU”, del 28 de junio de 1977, donde se resumen, entre otras cosas, declaraciones de José Michelena, que había sido secuestrado en Buenos Aires 15 días antes.

Sin embargo, el informe elevado al primer mandatario aclara que “se desconocen los detalles respecto a cómo llegó el documento a la Armada, presumiéndose que fue producto de la coordinación y cooperación entre agencias, lo cual era común en la época”.

A criterio de los denunciantes, el informe elaborado por la Armada y que lleva la firma de Daners, es de suma importancia porque demostraría cabalmente que la fuerza de mar participó activamente en la represión a presos políticos uruguayos secuestrados en Argentina entre 1977 y 1978.

En el marco de este expediente, en los últimos días ha declarado una importante cantidad de testigos que ratificaron la existencia de esta serie de cinco o seis traslados clandestinos desde Buenos Aires a Montevideo, que se presume que habrían involucrado a unas 40 personas. Incluso, compareció el actual director de la OPP, Enrique Rubio, quien, siendo senador, entregó documentación al entonces canciller Didier Opertti, quien siguiendo la conducta de los dos gobiernos presididos por Julio María Sanguinetti, no realizó ninguna investigación. El actual secretario general de Aladi responderá por exhorto a las preguntas del juez Charles y la fiscal Guianze.

Estos traslados involucraron principalmente a militantes de los Grupos de Acción Unificadora (GAU), del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP), del Partido Comunista Revolucionario (PCR), que según se presume, tras ser ejecutados, muchos de los cuerpos habrían sido enterrados en La Tablada.

Actualmente, Bordaberrry se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

Según el dictamen judicial del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 7° Turno, se mantiene la prescripción del delito de “Atentado a la Constitución”, lo cual fue apelado por la fiscal, expresando que “si bien dicho ilícito no se encuentra expresamente comprendido en el Estatuto de Roma, ello no impide que deba considerarse formando parte de los crímenes por el mismo previsto, correspondiéndole también la categorización de delito de lesa humanidad”.

La sentencia establece, además, que la acción, discurso justificativo, palabras y hasta omisiones de Bordaberry:

“…evidencian conocimiento de los sucesos, no ya en cuanto a excesos o abusos, sino en cuanto a la inauguración de una política de persecución sistemática hacia quienes comulgaran ideológicamente con determinadas corrientes de pensamiento político…”

En una iniciativa aprobada por unanimidad, la Mesa Política Nacional aclaró que Sanguinetti “puso especial énfasis” durante su campaña presidencial de 1985 en “constituir y constituirse en garante del no juzgamiento de los delitos de lesa humanidad, que durante décadas cometieron los gestores militares y civiles de la dictadura” cívico militar que sufrió nuestro país.

Además, durante su mandato se consagró la Ley de Caducidad, ratificada posteriormente por referéndum, en donde “se impuso la propaganda y la censura del Estado”, encabezada por el mismo mandatario. De esta forma “ni siquiera fue considerada la aplicación del artículo 4″ de la normativa que “mandata explícitamente a la investigación y búsqueda de la verdad sobre niños nacidos en cautiverio y cientos de desaparecidos”, afirma la resolución.

También se argumenta en la declaración que organismos internacionales “reclaman con razón, coherencia” con los tratados suscritos por nuestro país “en la aplicación de Justicia para los delitos de lesa humanidad”.

El magistrado y la representante del Ministerio Público tomaron declaración ayer al economista Juan Manuel Rodríguez, actual jefe de Política Económica del Ministerio de Industria, Energía y Minería, y ex integrante de los Grupos de Acción Unificadora (GAU). Rodríguez brindó los detalles de la investigación que realizaron ex miembros de los GAU para conocer el destino de sus compañeros desaparecidos, en el marco de la cual ubicaron documentación que demostraría la acción represiva de la Cancillería.

Al retirarse del juzgado, Juan Manuel Rodríguez dijo que “es claro” que el ex comandante en jefe de la Armada, vicealmirante (r) Tabaré Daners, “le ocultó información” al presidente Tabaré Vázquez, en su informe entregado al Poder Ejecutivo a fines de 2005.

“El (Daners) fue sumariante en el Fusna, es decir que estaba en el Fusna en el mismo momento en que se estaba deteniendo, por lo tanto estaba a pocos metros de donde se estaba torturando. El también tomaba declaraciones”, dijo Rodríguez a Telenoche 4.
Si bien el actual jerarca del gobierno dijo no poder afirmar si el ex comandante en jefe de la Armada participó en las sesiones de tortura, aseguró: “Lo que tengo claro es que él sabía que se torturaba”. Daners deberá comparecer ante el juez Charles el próximo lunes.

Sin embargo, el magistrado que subrogó a Fernández Lecchini, Néstor Valletti, no permitió a los denunciantes realizar preguntas en los interrogatorios, medida que si bien no está por fuera de lo que prevé el Código del Proceso Penal, difiere del criterio utilizado a lo largo de toda la investigación por el juez del caso, quien sí permite a los demandantes participar de los interrogatorios.

El militante del MLN-T Roberto Luzardo fue detenido en agosto de 1972 en un violento operativo que las Fuerzas Conjuntas realizaron en el “Bar Asturias”, donde se encontraba reunido con otros dirigentes tupamaros, a quienes se vinculaba con el operativo en el que había sido asesinado el coronel Artigas Alvarez, hermano de Gregorio Alvarez.

Al momento de su detención, Luzardo recibió importantes heridas de bala, a causa de las cuales fue trasladado al Hospital Militar, donde el 12 de junio de 1973 murió a causa de la omisión de asistencia médica. *

Esto forma parte del seguimiento de un informe de la CIDH, que concluyó que la Ley de Caducidad es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual Uruguay es miembro.

El informe de la CIDH había concluido que “la Ley 15.848 de diciembre de 1986 es incompatible con el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos Humanos y los artículos 1, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”. También recomienda al gobierno del Uruguay que compense a las víctimas por las violaciones de los Derechos Humanos.

El informe culmina recomendando al gobierno uruguayo que adopte las medidas necesarias para esclarecer los hechos e individualizar a los responsables de las violaciones durante la Dictadura.

Citó, a modo de ejemplo, la muerte de un joven militante de apellido Betarte, de Juan Lacaze, de quien “no sabemos claramente en qué circunstancias murió”, al igual que otro vecino de la misma localidad (de apellido Mar) quien fuera abatido en la vecina orilla “en aquella época en la que estaba tan aceitado y combinado el aparato represivo uruguayo y argentino”, explicó Leizagoyen.